Es porque el “arrepentido” Pontaquarto tenía una defensa particular y otra oficial.
Después de 11 años del escándalo por los supuestos sobornos en el Senado, el Tribunal Oral en lo Federal 3 que debía comenzar hoy a juzgar el caso decidió suspender sin fecha el debate porque el arrepentido Mario Pontaquarto se quedó sin defensor.
Fuentes judiciales informaron que apenas 24 horas antes de la audiencia inaugural del proceso, el tribunal reclamó la inmediata intervención de la Corte Suprema para resolver el conflicto planteado con la defensa de Pontaquarto.
Pero en su decisión no puso fecha al inicio del debate por “cohecho”, a raíz de lo cual el proceso quedará seguramente para el 2012.
El motivo de la suspensión está vinculado con la situación del imputado Pontaquarto, el llamado “arrepentido”, quien en el mismo juicio iba a enfrentar acusaciones por dos hechos diferentes a la causa en sí pero vinculados con su actividad de ex secretario parlamentario del Senado. Pontaquarto fue el funcionario que confesó haber entregado, en abril de 2000, dinero público a senadores peronistas para que aprobaran la ley de reforma laboral.
Ayer, antes de enterarse de la suspensión del debate, Pontaquarto insistió en responsabilizar de esas coimas al entonces presidente Fernando de la Rúa, quien sería uno de los principales acusados en el debate. Junto a él estaría su ex secretario de Inteligencia, Fernando De Santibañes; el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique; los ex senadores justicialistas acusados de haber cobrado coimas: el jujeño Alberto Tell, el entrerriano Augusto Alasino, el rionegrino Remo Costanzo y el formoseño Ricardo Branda.
“Fue un acuerdo hecho entre (el fallecido senador José) Genoud, Santibañes, Flamarique y De la Rúa, los cuales me designan a mí en la famosa reunión de Casa de Gobierno, para que yo entregue el dinero”, insistió ayer Pontaquarto, tras señalar que pediría declarar apenas se iniciara el debate oral.
En la causa por los presuntos sobornos, Pontaquarto era asistido abogados particulares, Hugo Wortman Jofré y Juan Manuel Alemán, pero en la otra –relacionada con la rendición de gastos de un viaje oficial y supuestas irregularidades en el manejo de unos 30.000 pesos– tenía un defensor oficial, Juan Manuel Mendilaharzu.
Ante ello, la titular de la Defensoría General de la Nación, Stella Maris Martínez, resolvió “apartar de la intervención” a Mendilaharzu.
Según la funcionaria, se “hace imposible que coexistan la defensa particular y la defensa pública” ya que la ley establece que el abogado público actuará cuando no designe uno privado, lo que no ocurre en ese caso.
Los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, integrantes del tribunal y los mismos que llevaron adelante el debate oral por la causa Amia, entendieron que en ese escenario Pontaquarto quedaba “en un estado de absoluta indefensión” y suspendió el debate.
Ahora, el tema está en manos de la Corte Suprema de Justicia.