Tras varias prórrogas consecutivas, el juez federal Norberto Oyarbide decidió hoy levantar el secreto de sumario en la causa por irregularidades en la construcción de viviendas por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, cuyo principal implicado es el ex apoderado de la institución Sergio Schoklender.
Según informaron a Noticias Argentinas fuentes judiciales, el magistrado tomó la decisión luego de haber prorrogado el secretismo en al menos cuatro oportunidades. Ello significa que, a partir de este momento, las partes están recibiendo fotocopias de una causa judicial que tiene más de cien cuerpos.
El juez investiga si Sergio Schoklender y otros imputados desviaron fondos públicos que debían destinarse al plan de construcción de viviendas sociales “Sueños Compartidos”, de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Pocos saben que Schoklender volvió ayer a los tribunales de Comodoro Py para estrenar su cargo de defensor de si mismo. Fue a averiguar si lo habían aceptado como abogado y le dijeron que no se había resuelto esa situación. Permaneció hasta después del cierre del horario de atención al público y Oyarbide mandó a la policía a pedirle que se retirara.
Por su parte, según refiere diario Clarín, las fuentes añadieron que el fiscal del caso, Jorge Di Lello, solicitará al juez el análisis de la documentación aportada por Schoklender que respalda la denuncia acerca de que desde la Fundación se aportó dinero a la campaña electoral del kirchnerismo. Di Lello le pedirá a Oyarbide que determine si de esa documentación se desprende la existencia de un delito que deberá ser investigado por la jueza electoral María Servini de Cubría.
Según denunció Schoklender en Tribunales la semana pasada, entre esos documentos hay facturas de pagos realizados por la Fundación de gastos de las campañas del ministro de Economía, Amado Boudou y del subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala. “Ambos hicieron campaña para la pre interna del oficialismo en las elecciones porteñas. Schoklender dice tener respaldo para demostrar que cerca de 1.500.000 pesos de gastos de cartelería y consultoría del kirchnerismo fueron aportados por la Fundación. La Justicia tendrá que determinar si hubo delito en el financiamiento de las campañas que se hizo con dinero que provenía del Estado y que tenía el destino de las viviendas”, según reza Clarín.
Esta novedad se conoce en momentos en que la Cámara Federal porteña viene reprochando en duros términos a Oyarbide por el “errado direccionamiento” que le dio a la investigación contra Sergio Schoklender y al tiempo que le ordenó que establezca “adecuadamente” cuál es el objeto procesal del caso.
Los que cuestionaron el trabajo del juez son los integrantes de la Sala I del Tribunal, quienes aseguraron que el procedimiento “no resulta el más idóneo para el descubrimiento de la verdad material que es, en definitiva, la finalidad de la instructoria que transita este sumario”.
Las consideraciones hechas por los jueces fueron al decretar la nulidad de una resolución de Oyarbide donde había rechazado levantar medidas cautelares dictadas sobre bienes y fondos de Leonardo Hubscher, Alberto Marcelo Garcia y la empresa Tagle Security investigaciones SA.
Solo una duda carcome en estas horas: ¿Será Justicia?
Equipo de Actualidad de Tribuna de Periodistas
